El tema de los derechos humanos recientemente incorporado a nuestra Constitución implica para las autoridades fiscales una revisión de la forma en que actúan tradicionalmente.
El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la que destaca la obligación de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, lo que incluye necesariamente a las fiscales.
Asimismo destaca de la reforma realizada, el principio pro persona que significa que las autoridades deberán velar en su actuar por el mayor beneficio a las personas en todo momento.
Antes de la reforma el Poder Judicial asumía la responsabilidad de vigilar que los actos emitidos por la autoridad respetaran estos derechos, función que seguirá ejerciendo, sin embargo conforme a la reforma un funcionario o servidor público estaría obligado en principio a conocer y respetar los derechos humanos protegidos tanto en nuestra legislación como en los Tratados Internacionales.
Debemos recordar que entre los derechos humanos se encuentra el principio de legalidad que implica fundar y motivar correctamente los actos de autoridad, así como el oír al contribuyente con todas sus garantías para la determinación de los derechos y obligaciones correspondientes en el orden fiscal que contempla el Pacto de San José.
Además la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU), contempla el derecho al mínimo vital que implica tener una cantidad libre de impuestos para subsistir, lo que puede poner en duda la aplicación de ciertas multas.
El reto que tienen las autoridades fiscales no es minúsculo, ya que deberán poner especial atención a la observancia de estos derechos, por lo que la capacitación en esta materia deberá ser una de sus prioridades.
Fuente: IDC
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